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Por el Lic. Joan Fernández Osorio.- Cuando se habla de alianzas como instrumentos políticos, debemos verlos como la unión de dos o más grupos de personas pertenecientes a la misma o a varias organizaciones política con el fin de alcanzar la meta trazada en una coyuntura específica. Para que una alianza resulte beneficiosa para la sociedad, tiene que realizarse sobre la base de propuestas concretas para realizar programas y proyectos una vez conquistado el espacio de poder que se persigue.

El problema de las alianzas política que en los últimos años se han concretizado en el ambiente político nacional ha sido y sigue siendo la falta de visión conjunta para los problemas fundamentales de las demarcaciones donde se unen las voluntades grupales. Por esta falta de visión más allá de la contienda electoral es que una vez fracasa o triunfa la alianza, sus actores salen despavoridos en busca de sus propios espacios y no dan continuidad a los planes conjuntos, si los había.

En la actual coyuntura, los Partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano dan los toques finales a una alianza que todo parece indicar que será puramente electoral. Considero que en caso de que ambos partidos vallan aliados en las próximas elecciones de medio término, deben consensuar un plano de acción para después de las elecciones y que se ejecute en los seis años venideros.

Rechazo firmemente que la alianza entre estas dos fuerzas política sea solamente para obtener cuotas de poder, pues el poder en si mismo no debe ser el resultado de ninguna acción política, sino el medio para llevar a la sociedad los cambios que merece y necesita. En este sentido hacemos la advertencia de que ante un pueblo que no ve en la actual administración gubernamental las soluciones a sus problemas, una alianza vacía de sustanciación programática será un error más que una ventaja competitiva frente a los adversarios.

En el caso particular de San Francisco de Macoris, no se puede hablar de una alianza sin que se produzca un compromiso serio de parte de las autoridades de darle solución a los problemas mas agobiantes de la ciudad como la vergüenza de Mercado Municipal, el insalubre Vertedero Municipal, el deficiente drenaje pluvial y el languideciente Río Jaya. Cualquier alianza debe de concretarse sobre la base de respuestas rápidas y definitivas a los problemas que por años afectan a los munícipes de nuestro pueblo.

Necesitamos que la confluencia de voluntades políticas sea para beneficio del pueblo y no de unos cuantos.

Esta es mi opinión.

El autor de este artículo es abogado.

Todo comenzó con la misma parafernalia de siempre. Cuando nos dimos cuenta, el país estaba involucrado en un novedoso proceso de consulta popular para que las modificaciones a la constitución fueran hechas con el mayor sentido de participación social de la historia post-colombina, incluso mayor que en la independencia nacional. La trama estaba planeada para que el pueblo se sintiera participe de algo grande, pues la sociedad tomaría las decisiones de su propio destino.

Se habló hasta la saciedad, incluso en la Asamblea Nacional, de la necesidad de que todos nos integráramos a los conversatorios, seminarios, talleres, mesas redondas y cuantos inventos se utilizan para hacernos sentir importantes. Luego nos animaron a llenar unos cuestionarios para que expresáramos el sentir de la población en cuanto al articulado de la que sería “la más progresista” Carta Magna de la vida republicana. Cuestionarios que el autor de este artículo comprendió por su condición de abogado en ejercicio y apasionado del Derecho Constitucional.

¿Cómo era posible que el pueblo llano respondiera coherentemente unas preguntas que necesitaban un grado superior de estudios?

Mas tarde, las respuestas del pueblo que se plasmarían en la Carta Magna mutaban del papel de los cuestionarios al de la propuesta de los expertos, la cual se convertiría en la que presentaría el Poder Ejecutivo al Congreso para su “discusión” y aprobación. De las opiniones y propuestas del pueblo ya no quedaba nada, el pueblo como siempre no fue tomado en cuenta aun cuando se prometió un proceso incluyente y participativo que solo produjo gastos del dinero que el Estado no tiene.

Ya estaba todo arreglado. Se disponían a aprobar con su mayoría mecánica y las alianzas que surgieran en el camino todos los puntos que la propuesta del Poder Ejecutivo planteara. Ya del pueblo no quedaba ni el recuerdo, solo importaban los que podían presionar y destapar escándalos, los que vestidos con sotanas a Dios pidieron y con el mazo dieron y los que vestidos de trajes impecables defendieron los mejores intereses de sus bolsillos.

Ahora para “agilizar” el proceso de reforma constitucional se firma un acuerdo político entre el líder del sector oficial y los lideres de la oposición. ¿Quién dijo que es mejor agilizar el proceso que discutirlo, sopesarlo y consensuarlo para aprobarlo con la menor cantidad de errores posibles? Lo que le quedaba de legitimidad popular al proceso constitucional lo sacrificaron aquellos grandes lideres políticos que por su propia conveniencia firmaron aquel acuerdo. Es sorprendente que los que querían darle al país una constitución similar a la de 1963 se asociaran con los que querían que la reforma se llevara a cabo por la vía de la constituyente, para nada más y nada menos acabar con lo representativo que tenía el proceso e imponer sus intereses a los del pueblo dominicano.

Es una burla la aprobación del artículo II de la nueva Constitución, el cual establece que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. El pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes". Semejante chiste, después de haber secuestrado la reforma constitucional y haber incluido lo que les dio la gana.

La reforma mutó, pasó de ser la expresión real del pueblo a ser la convención de los intereses de un grupo. Este proceso puede ser legal pero lamentablemente no es legítimo.

Esta es mi opinión.

El autor de este artículo es abogado.

La Asamblea Nacional constituida actualmente en Asamblea Revisora con la finalidad de reformar la Constitución política dominicana en absolutamente todos los artículos y además agregando cerca de cien artículos mas a la Carta Magna. Nunca esta de más recordar la importancia del presente proceso de modificación constitucional para la vida institucional dominicana.

Según quienes expusieron la necesidad de reforma del texto sustantivo, se pretendía con esto rescatar de alguna manera la perdida Constitución de 1963 que fuera promovida y promulgada por el Prof. Juan Bosch. Muy lejos de intentar volver a aquella Constitución liberal y progresista para la época, el articulado hasta el momento aprobado responde mas bien a los sectores mas conservadores de la sociedad dominicana, entre los que se podrían mencionar la Iglesia Católica y el empresariado.

Luego de impuesta por los sectores de ultraderecha la aprobación del controversial articulo 30 que regula directamente la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, debemos tener cuidado con la aprobación de los artículos que regulen un aspecto de importancia capital para el desenvolvimiento social del Estado Dominicano, la nacionalidad.

La nacionalidad es una condición social, cultural y espacial en la que influyen numerosos elementos que definen el escenario político y organizacional de un grupo determinado de personas. La manera en como la nacionalidad se obtiene y la determinación de quienes son dominicanos constituye actualmente la principal discusión de la sociedad en general y específicamente de los salones de la Asamblea Nacional.

Entiendo que la nacionalidad dominicana corresponde a todas las personas nacidas en el extranjero de padres dominicanos, así como a los nacidos en territorio dominicano a excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática, los que estén de tránsito en él o los hijos de extranjeros residentes ilegalmente en el país.

Consagrando en la Constitución la imposibilidad de que los hijos de residentes ilegales de cualquier nacionalidad sean merecedores de la nacionalidad dominicana aportara a la estabilidad jurídica de la nación. Entendemos que el estado de ilegalidad de una persona no puede de ninguna forma hacer elegibles de derechos políticos a los descendientes de estos. Dicho de otra manera, la violación de las leyes migratorias no pueden premiar con la obtención de la nacionalidad dominicana a los hijos de quienes inobservaron esas leyes.

Es el caso de Francia, la madre jurídica de donde heredamos todos los códigos que regulan las relaciones entre particulares, donde los hijos de inmigrantes ilegales no son franceses porque entienden que el estado irregular de los padres impide a los hijos ser sujetos de derechos.

Debemos ser fuertes ante las presiones de sectores que ponen sus intereses por encima de los intereses de la nación, así como de los que desde fuera trataran de de imponernos soluciones a problemas que no son nuestros.

Esta es mi opinión.

El autor de este artículo es abogado.

Por Lic. Joan Fernández Osorio.- Los últimos actos de violencia cometidos en el país por la delincuencia armada que reina en las calles y caminos de todos los pueblos de Quisqueya nos hacen reconocer que la criminalidad esta fuera de control. Ya no son hechos aislados los que se producen día y noche, sino que se trata de una epidemia social que hiere y mata a todos los niveles de la sociedad.

Es extremadamente preocupante ver como las autoridades se declaran tácitamente incompetentes para enfrentar la ola de antisociales armados que solo salen a matar para conseguir sus propósitos. Las escenas de dolor de las familias que pierden a sus hijos deben ser voces de alerta para que se tomen medidas más drásticas contra el flagelo.

El caso del joven Wellington Rafael Molina es una muestra más de que la delincuencia no solo afecta a residentes de los sectores marginados sino que tocan a cualquier persona sin importar su oficio, edad o apellido. Se perdió con su muerte al padre, esposo, hermano, hijo y ciudadano ejemplar que solo contaba con 35 años de vida, y que tenía por delante un futuro provechoso para el bien de su familia y su país.

Se pierde con su muerte a otro ciudadano inocente que desarrollaba su vida con normalidad hasta que vinieron y se la arrebataron bruscamente. Un joven que no se merecía esto. Es inconcebible que alguien quite la vida para adueñarse de un celular, una pistola o un carro. Es incomprensible que los encargados de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden publico permitan que casos como este pasen todos los días, cuando el sol esta mas alto en el cielo.

Cuantos jóvenes valiosos se perderán hasta que las autoridades se den cuenta de que deben hacer algo para cortar de raíz el problema de la delincuencia. Esperemos que no sean muchos los que como Wellington Rafael Molina perdieron la vida cobardemente para arrebatarle lo que con su trabajo había conseguido.

Esperemos las autoridades atiendan al llamado que hacen los familiares de este joven valioso que perdió la vida sin ver a sus hijos crecer, que se investigue y se condene a los responsables de este hecho, y que además se tomen medidas para que otras familias dominicanas no tengan que llorar a alguno de sus miembros.
Paz a sus restos.

Esta es mi opinión.
El autor de este artículo es abogado.

Recientemente la prensa escrita daba cuenta de que en una sesión de la Cámara de Diputados se produjo un fuerte abucheo por parte de legisladores mayoritariamente peledeistas hacia una posición externada por el diputado Frank Martínez (PRSC – La Romana), quien se opone a la extensión del periodo legislativo para quienes ocupan actualmente las curules congresuales.

La primera cuestión a señalar es que si bien la Cámara de Diputados es el escenario donde el pueblo dominicano y todas sus clases sociales están representados por personas electas por el voto popular, no menos cierto es que dicho hemiciclo siempre deberá representar una solemnidad que lamentablemente no es la primera vez que se pierde. La palabra “parlamento” viene del frances “parlament”, vocablo que expresa la acción de “parler” (hablar), un “parlement” es una charla o discurso, y por extensión se aplica a la reunión de representantes del pueblo donde se discuten y resuelven los asuntos públicos.

El Congreso Nacional es un “parlamento” por ser el espacio donde los representantes del pueblo discuten sus problemas y por esa razón resulta improcedente cualquier asomo de intolerancia frente a las posiciones u opiniones ventiladas en ese espacio por cualquiera de sus miembros.

La posición del diputado Martínez esta motivada por la decencia, la moral, la honestidad y la conciencia ciudadana, por entender que el pueblo dominicano votó por una representación para un periodo de cuatro años y seria ilegitimo que se pretendiera modificar dicho mandato sin que esa decisión emane de la misma masa que los posesionó en primer momento.

Las elecciones populares periódicas como instrumento de decisión de la sociedad son la solución del problema causado por la imposibilidad de que toda la ciudadanía pueda gobernar al mismo tiempo, por medio del sufragio se eligen aquellas personas que fungirán como representantes de cada territorio y su población, al mismo tiempo que de la Nación. Los legisladores que el pueblo soberano designa por voluntad directa deben permanecer en sus posiciones únicamente por el tiempo que les fue concedido en las urnas y la violación de las condiciones de ese mandato expreso solo debe interpretarse como una traición a la confianza depositada en ellos.

Sobre los hombros y las conciencias de quienes ejercen la mayoría parlamentaria pesaran las acciones antidemocráticas derivadas de la desobediencia intencionada, premeditada e interesada a la voluntad popular. Debemos recordar que todo poder del Estado emana del pueblo y que los servidores públicos deben obrar siempre a favor de los mejores intereses de la Nación, dejando a un lado sus apetencias y reprimiendo sus maquinaciones.

El Congreso Nacional y particularmente la Cámara de Diputados se honra con tener entre sus miembros a un ciudadano ejemplar con el diputado Frank Martínez, hombre honesto, responsable y dispuesto a defender los sagrados intereses de la Patria en todo lugar y en todo momento. La cámara baja no puede ser escenario de intolerancia política, puesto que constituye el foro más alto de discusión de los problemas nacionales.

Esta es mi opinión.
El autor de este artículo es abogado.